El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, parte del bloque minoritario en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha propuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) evalúe si las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz incurrieron en actos anticipados de campaña y en el uso indebido de propaganda gubernamental personalizada mediante sus actividades públicas y mensajes en redes sociales.
Para que este proyecto avance, es necesario que sea aprobado por los tres magistrados del bloque mayoritario de la Sala Superior, quienes generalmente se inclinan por rechazar las propuestas que son consideradas políticamente sensibles, debido a su cercanía con el partido Morena y el gobierno actual, conocido como la Cuarta Transformación. Este caso es particularmente relevante porque podría tener consecuencias para la ministra Yasmín Esquivel, quien enfrentaría posibles sanciones si se determina que efectivamente realizó actos anticipados de campaña. Curiosamente, Esquivel ha contratado a Eligio Soto López, el padre de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien preside el TEPJF y lidera el bloque mayoritario, lo que añade una capa de conflicto potencial.
La propuesta de Rodríguez hace referencia a una denuncia presentada en enero, donde se alegaba que las tres ministras habían publicado 99 mensajes en redes sociales entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2024, presuntamente en violación de la normativa electoral al realizar actos anticipados de campaña. Estas publicaciones mostraron su participación en eventos públicos y en informes de políticos de Morena. Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE decidió no abrir una investigación al considerar que las publicaciones no constituían una infracción a la ley electoral, ya que no llamaban explícitamente a votar por ellas y su aspiración a los cargos no era una conducta prohibida.
Los denunciantes han impugnado esta decisión, argumentando que el UTCE no presentó un análisis adecuado ni razones de fondo para su determinación. La situación sigue en un punto de tensión que podría tener repercusiones significativas en la política electoral y el funcionamiento del sistema judicial en el país.