El Consejo Supremo Indígena de Michoacán ha señalado que, a pesar de los cambios en el sistema judicial, persiste una “deuda histórica” con los pueblos originarios de México. Este consejo, que agrupa a autoridades tradicionales de 70 comunidades, criticó la falta de consideración por parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia la historia, cultura y sistemas de justicia ancestrales de los pueblos indígenas.
En un comunicado, denunciaron que la reforma no fue consultada adecuadamente con las comunidades, señalando que en Michoacán no existe documentación que respalde una consulta apropiada. Subrayaron la ausencia de una “máxima autoridad” que verifique una consulta previa, libre e informada sobre las reformas constitucionales que afectan a los pueblos indígenas.
Asimismo, el grupo indicó que más de 200 jueces tradicionales indígenas, que resuelven disputas civiles, familiares, territoriales y de delitos menores, no son reconocidos por el sistema judicial mexicano. Esto, a pesar de su importante papel en la administración de justicia en sus comunidades.
El Consejo también hizo hincapié en la rica tradición de justicia que se remonta a tiempos prehispánicos, mencionando figuras como el Petamuti, quien tenía la responsabilidad de impartir justicia y preservar la memoria colectiva. Argumentan que el Estado mexicano ha excluido este sistema de justicia ancestral, ignorando la sabiduría y experiencia de las autoridades indígenas.