La reforma en materia hídrica que se está discutiendo en el Congreso de México ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones como Agua para Todos y la Contraloría Autónoma del Agua. Según estas agrupaciones, la propuesta legislativa, aunque presentada con tintes de mejora, en realidad perpetúa la problemática generada por la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, la cual ha sido acusada de favorecer la privatización del agua y de no abordar de manera efectiva el acaparamiento y la sobreexplotación de recursos hídricos.
A pesar de que se llevaron a cabo 16 foros de Parlamento Abierto y se presentaron más de 500 propuestas de modificación a la iniciativa, las críticas apuntan que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desestimó todas estas sugerencias. Las organizaciones subrayan que la legislación propuesta no cumple con principios fundamentales como la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana, elementos que son esenciales según la Constitución mexicana.
Las propuestas rechazadas incluyen importantes medidas como la prohibición de la privatización de sistemas de agua, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al agua, la necesidad de crear consejos de cuenca, y la tipificación de la contaminación del agua como delito. Además, se critica la falta de mecanismos que obliguen a la Conagua a actuar contra el acaparamiento y la sobreexplotación del agua.
En resumen, los grupos sociales y las comunidades que defienden el derecho al agua consideran que la reforma, tal como está, no atiende las necesidades reales de las poblaciones marginadas que enfrentan problemas de acceso y calidad del agua, y que, en última instancia, no representa un avance significativo hacia la protección de este recurso vital.