La reciente aprobación de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en México ha suscitado diversas reacciones. La medida, impulsada en gran medida por senadores oficialistas y apoyada por la mayoría de los partidos, busca recaudar una cifra significativa de 51 mil 910 millones de dólares provenientes de impuestos sobre importaciones de diversos productos de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, como China, Corea del Sur, India y varios otros.
Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la reforma fue aprobada en un tiempo récord, omitiendo su discusión en comisiones, lo que ha generado críticas sobre el proceso legislativo. Se establece un total de mil 463 fracciones arancelarias que afectarán diferentes sectores industriales, desde la automotriz hasta la textil y del papel, entre otros.
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, aunque mostró apoyo por el fondo de la reforma, hizo un llamado a la prudencia, advirtiendo que los aranceles no deben ser una solución fija, sino más bien un ajuste ante las circunstancias económicas cambiantes. Ahora, la reforma está pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum para que entre en vigor.