La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Juana Hilda González Lomelí marca un momento importante en la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos en México. La SCJN le concedió un amparo directo, lo que resulta en su liberación inmediata tras haber sido condenada a 78 años de prisión por un secuestro del que ha sido descartada su culpabilidad. La decisión se basa en que las pruebas esenciales que llevaron a su condena fueron obtenidas mediante tortura y otras violaciones a sus derechos humanos, lo que pone en evidencia las fallas sistemáticas en la procuración de justicia en el país, especialmente en el conocido Caso Wallace.
Sofía de Robina Castro, del Instituto Federal de Defensoría Pública, destacó la importancia de este fallo, señalando que permite revisar las condenas de otras cinco personas implicadas en el caso, indicando un posible impacto más amplio en la justicia penal mexicana. La SCJN llevó el caso a un análisis profundo que ratificó las preocupaciones planteadas por la defensa desde su detención en 2006. La figura de arraigo, utilizada en su captura, ha sido calificada como una violación grave a los derechos humanos por organismos internacionales, reflejando la necesidad de una reforma en el sistema judicial para prevenir que estas situaciones continúen ocurriendo.