La situación en Puebla con respecto a la relación entre el gobierno y los medios de comunicación ha generado una gran controversia, especialmente tras la implementación de la Ley de Ciberasedio, que ha sido criticada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Esta ley, considerada por muchos como un retroceso en la defensa de los derechos humanos y la prensa, parece reflejar la intolerancia hacia la crítica, que ha caracterizado a administraciones anteriores.
Desde que Alejandro Armenta Mier asumió la gubernatura, se ha observado una serie de actitudes que refuerzan esta percepción de control y censura. A pesar de un aparente discurso que respeta la libertad de expresión, sus acciones, como la falta de pagos a medios de comunicación y la introducción de un "Detector de Mentiras" en sus conferencias, parecen contradecir tales afirmaciones. La implementación de estos mecanismos ha llevado a los medios a enfrentarse a un modelo de "buen comportamiento", lo que podría tener un efecto restrictivo en su labor informativa.
Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno no solo reproduzca las dinámicas de control y represión, sino que también implemente nuevas formas de censura, especialmente en un contexto donde la libertad de prensa es fundamental para la democracia. Armenta ha intentado posicionarse como un líder accesible y respetuoso de los medios, pero sus prácticas han sido recibidas con escepticismo por parte de quienes defienden la libertad de expresión en Puebla.