La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado un debate interesante respecto a las irregularidades señaladas en la elección judicial del 1º de junio. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien también fue candidata en dichas elecciones, presentó quejas contra otros aspirantes, incluida su colega Sara Irene Herrerías Guerra, acusándolos de "coacción" e "inducción" del voto a través de lo que se conoce como "acordeones".
Resulta notable que, a pesar de sus acusaciones, Esquivel Mossa fue beneficiada por el mismo tipo de prácticas que ahora critica, ya que los acordeones que se distribuyeron coinciden en gran medida con los resultados de la elección. Además, su candidatura recibió promoción a través de publicaciones pagadas en redes sociales. Recientemente, el TEPJF revocó una multa impuesta por el INE por irregularidades en sus gastos de campaña, lo que añade otra capa de complejidad al caso.
En su defensa ante el INE respecto a su nombre apareciendo en los acordeones, Esquivel argumentó que no podía ser considerada responsable de estas acciones. A pesar de sus quejas, el TEPJF desestimó las acusaciones, señalando que no se había comprobado que los acordeones fueran elaborados por los candidatos acusados ni que hubiera habido una coacción del voto.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que ha sido una voz aislada en esta cuestión, ha manifestado que existe suficiente fundamento para que el INE lleve a cabo una investigación integral sobre el fenómeno de los acordeones, dado el número significativo de quejas al respecto. Sin embargo, los otros magistrados del bloque mayoritario, que también se beneficiaron de la misma práctica, argumentaron que no hay pruebas suficientes para justificar una investigación.
Este caso subraya las complejidades y contradicciones inherentes a las elecciones judiciales en México, así como los desafíos para mantener la integridad del proceso electoral dentro de este contexto.