La manifestación de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro refleja la frustración y el dolor que siguen sintiendo cuatro años después de la tragedia. Es fundamental recordar que el incidente, que ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021, resultó en la pérdida de 26 vidas y muchas personas heridas, dejando un impacto duradero en las familias afectadas y en la comunidad en general.
El grupo de manifestantes, apoyado por su representante legal, exige que se cumplan las decisiones judiciales que indican que las indemnizaciones no deben calcularse solo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, sino que deben tomar en cuenta el daño a los derechos de las víctimas y la capacidad financiera de la empresa constructora, Grupo Carso. Esta perspectiva busca garantizar una compensación justa y proporcional a la magnitud del sufrimiento causado por el colapso.
Las acusaciones de omisión por parte de las autoridades, así como el aparente contubernio entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Grupo Carso, resaltan la desconfianza hacia las instituciones que se supone deben proteger y representar a las víctimas. Además, la práctica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de litigiar en favor de la empresa constructora añade una capa de complejidad al proceso, generando incertidumbre y descontento entre los afectados.
La situación subraya la importancia de un sistema de justicia que funcione para los ciudadanos y que garantice que las empresas y autoridades rindan cuentas por sus acciones o negligencias. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas continúan luchando no solo por justicia individual, sino por un cambio sistémico que impida que tragedias como esta se repitan en el futuro.