El 5 de septiembre de 2024, en la alcaldía Xochimilco, se registró un episodio de represión policial durante una protesta de habitantes de San Gregorio Atlapulco. Los manifestantes se opusieron a un proyecto hídrico del gobierno de la Ciudad de México, argumentando que no habían sido consultados. La reacción del gobierno local, encabezado por la alcaldesa Clara Brugada, fue enviar un contingente de granaderos, lo que generó situaciones de violencia.
Durante un evento donde se presentó la recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), los afectados hicieron un llamado para que se cerraran las investigaciones en su contra, donde se les imputan delitos como lesiones y motín. Acusaron a la administración actual de proteger a funcionarios anteriores, particularmente al ex alcalde José Carlos Acosta y al ex director de Jurídico y de Gobierno, Francisco Pastrana.
La recomendación de la CDHCDMX documenta múltiples violaciones a los derechos de los manifestantes, incluyendo agresiones toleradas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el impacto negativo en la integridad física y psicológica de los participantes. A raíz de esta situación, se identificaron 29 víctimas que sufrieron violaciones a su derecho a la protesta y a la seguridad personal.
Hortensia Telésforo Jiménez, una de las voceras de la comunidad afectada, recordó que las protestas previas, en las que los pobladores exigieron diálogo y respeto a su patrimonio histórico, fueron desatendidas por las autoridades y culminaron en represalias, como la apertura de carpetas de investigación en su contra. Esta escalada de conflictos llevó a la manifestación del 5 de septiembre, donde un grupo de choque agredió a los manifestantes con la impasibilidad de la policía presente.