La historia de Max es un claro ejemplo de cómo la violencia familiar y la violencia institucional pueden impactar la vida de un niño de manera devastadora. Desde su nacimiento, Max ha enfrentado la pérdida de su madre y, posteriormente, una batalla legal que lo ha mantenido en el centro de un conflicto familiar complejo.
Los abuelos maternos de Max buscaban establecer una relación de convivencia con él después de que su padre, Emmanuel Alejandro Velasco Peregrina, decidió alejarlo de ellos. A pesar de que se estableció un régimen de visitas en 2019 que parecía funcionar adecuadamente, el conflicto familiar persiste y se complica con la intervención de diferentes autoridades judiciales.
La situación resalta la necesidad de que los sistemas judiciales garanticen que la voz de los niños sea escuchada adecuadamente en los procesos legales que les afectan. Max, a pesar de ser el foco de disputa, solo ha tenido la oportunidad de expresar su opinión en una ocasión en siete años, lo que pone en evidencia las fallas de la justicia en asegurar el bienestar infantil.
Las decisiones tomadas por los jueces y magistrados involucrados en este caso, junto con la falta de atención a la perspectiva del niño, plantean serias preguntas sobre cómo se manejan los casos de custodia y visitas en el sistema judicial. Este tipo de situaciones reflejan la necesidad de reformar y mejorar los entornos judiciales para proteger efectivamente los derechos de los menores en conflictos familiares.