Un grupo de abogados y familiares de destacados narcotraficantes en México ha denunciado que el gobierno del país ha violado la ley al enviar a casi cien ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden de extradición formal. Este hecho se produjo poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara a 37 miembros de cárteles a territorio estadounidense, lo que ha sido interpretado por algunos como una reacción a las crecientes amenazas del expresidente Donald Trump de imponer medidas militares contra los cárteles de la droga en México.
Desde febrero de ese año, México ha enviado un total de 92 miembros de cárteles en tres lotes distintos, en respuesta a las demandas de la administración Trump. Esta situación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Sheinbaum para lidiar con los cárteles y mantener una relación colaborativa con Estados Unidos.
El gobierno mexicano sostiene que estas transferencias son legales y están justificadas en nombre de la seguridad nacional. Además, afirma que los individuos enviados eran buscados por delitos cometidos en suelo estadounidense, y que muchos tenían solicitudes de extradición pendientes.
Sin embargo, abogados de los cárteles argumentan que la falta de órdenes de extradición constituye una violación del debido proceso, que es fundamental en el sistema legal. Yarey Sánchez Lagunas, una de las abogadas involucradas, ha señalado que la intensa presión ejercida por Estados Unidos sobre México podría estar influyendo en estas decisiones, lo cual plantea serias dudas sobre su legalidad y el cumplimiento del Estado de derecho.
Este debate recuerda casos anteriores, como el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien actualmente está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Las implicaciones legales y políticas de estas transferencias continúan siendo objeto de discusión y análisis en el ámbito jurídico y político.