El conflicto en Acapulco se centra en la intención de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) de revisar la gestión de casi 900 millones de pesos que el gobierno federal asignó al municipio para la reconstrucción tras el huracán Otis. La alcaldesa Abelina López Rodríguez, del partido Morena, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene competencia para auditar estos recursos federales.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha hecho que el caso se registre con un número de expediente y lo ha turnado al ministro Javier Laynez para su análisis. Este asunto ha sido clasificado como urgente, lo que implica que se espera una pronta resolución, antes de que los nuevos ministros asuman el cargo el 1 de septiembre.
Además, la ASE ha tomado medidas adicionales al presentar una denuncia contra la alcaldesa por ejercicio ilícito de recursos públicos, lo que intensifica la situación y el escrutinio sobre la administración municipal. Este caso refleja tensiones entre autoridades estatales y municipales sobre la rendición de cuentas y la correcta gestión de fondos públicos.