El reordenamiento del comercio ambulante en la Alameda Central ha generado tensiones entre el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada, y diversos grupos de vendedores. La administración local busca limitar el número de puestos de venta en la área a 70, a pesar de que previamente el número de comerciantes superaba los 200. Esta reducción ha llevado a protestas y bloqueos en Eje Central y avenida Juárez, afectando la circulación en el Centro Histórico.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, defendió la medida asegurando que el objetivo es mantener el orden y permitir que la Alameda sea disfrutada por los visitantes. Sin embargo, algunos grupos de vendedores cuestionan la justicia de las acciones del gobierno, argumentando que las restricciones no se aplican equitativamente a todos.
Durante las protestas, se produjeron cierres en importantes vías, y los vendedores montaron sus mercancías en plena calle en respuesta a la prohibición de instalarse en sus lugares habituales. A pesar de los intentos del gobierno de mediar y establecer acuerdos, las diferencias sobre el número de comerciantes permitidos y la distribución de los espacios autorizados continúan generando desacuerdos y tensiones en la zona.