En Puebla, los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia Penal desestimaron cuatro amparos relacionados con el delito de ciberasedio, lo que ha generado críticas de organizaciones que defienden la libertad de expresión. Estas organizaciones, como Projuc y Propuesta Cívica, han anunciado que presentarán un recurso para que un Tribunal Colegiado revise las decisiones de los jueces, María del Carmen Ruiz Medina y Aarón Luis Zárate.
Las resoluciones de los juzgadores han sido cuestionadas, especialmente porque se considera que han interpretado el delito de ciberasedio como una norma que no puede ser aplicada sin un acto específico, ignorando así principios de la tutela judicial efectiva y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Ley de Ciberasedio, que se aprobó en junio en Puebla, establece sanciones penales por conductas como la vigilancia y el hostigamiento a través de redes sociales. A pesar de la presión de diversas organizaciones para que esta ley fuese derogada, sólo se aprobó una reforma que mantuvo su tipificación.
La jueza María del Carmen Ruiz Medina, en particular, ha sido criticada por su historial de decisiones, incluyendo el retiro de un amparo a un activista defensor del agua, lo que ha levantado preocupaciones sobre su postura hacia los derechos de los activistas y su presunto sesgo en decisiones judiciales. De acuerdo con denuncias recientes, su manejo de los casos ha sido confuso y ha llevado a errores en la dirección de solicitudes de informes a instancias judiciales.