Juana Hilda González Lomelí fue liberada la noche del miércoles tras casi 20 años en prisión, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concediera un amparo debido a que su condena se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y violaciones al debido proceso. La abogada Sofía de Robina, del Instituto Federal de Defensoría Pública, comentó que la SCJN otorgó el amparo con cuatro votos a favor, lo que llevó a su liberación inmediata.
González Lomelí fue sometida a diversas irregularidades durante su proceso legal, incluyendo el arraigo, una medida que ha sido declarada violatoria de derechos humanos. En 2006, fue forzada a confesar bajo tortura; le amenazaron con hacer daño a su familia para obtener su declaración en una diligencia de varias horas, de la cual su defensa no pudo estar presente adecuadamente.
La confesión obtenida bajo estas circunstancias se convirtió en la base de su acusación y, posteriormente, se llevó a cabo un segundo cateo en su departamento, donde inicialmente no se hallaron pruebas concluyentes. Sin embargo, tras su confesión, aparecieron algunas evidencias cuestionables. De acuerdo con la defensa, esas pruebas estaban sujetas a manipulación y carecían de fiabilidad, lo que subraya las fallas en el debido proceso que llevaron a su condena injusta.