El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha presentado una propuesta notable para establecer la Ley General de Infraestructura para el Bienestar. Esta iniciativa tiene como objetivo reemplazar el modelo actual de Asociaciones Público-Privadas (APP) y propone un nuevo marco legal que considera enfoques más inclusivos y equitativos para la inversión en infraestructura.
Entre los principales puntos de la propuesta se destacan:
1. **Derogación del Marco Legal Actual**: La iniciativa busca abolir el sistema vigente y crear un régimen que permita una mayor flexibilidad en las modalidades de inversión, clasificándolas en cuatro tipos: directa, indirecta, mixta y mínima.
2. **Enfoque en el Bienestar Comunal**: Ramírez Cuéllar enfatizó que la nueva ley busca garantizar que nadie quede atrás, cerrando brechas sociales y redirigiendo la inversión hacia las áreas más necesitadas. Se trata de una legislación que prioriza las necesidades de la población sobre los intereses de empresarios particulares.
3. **Creación de la Comisión de Infraestructura para el Bienestar**: Este órgano interinstitucional está diseñado para coordinar, evaluar y autorizar proyectos de infraestructura. Estará presidido por la Secretaría de Hacienda e incluirá la participación de diversas dependencias relevantes como Infraestructura, Economía, Medio Ambiente, Bienestar y Desarrollo Territorial, con el propósito de asegurar que cada proyecto cumpla con estándares de eficiencia, rendición de cuentas y beneficios para las comunidades.
4. **Establecimiento del Fondo de Infraestructura para el Bienestar**: Se propone la creación de un fondo que recibiría aportaciones privadas, donaciones y recursos derivados de sanciones. Este fondo estaría destinado a financiar proyectos en áreas rurales y en zonas urbanas que enfrentan marginación, con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos como agua, salud, educación y manejo de residuos.
La propuesta refleja un intento de reorientar la política de infraestructura en México hacia un modelo más centrado en las necesidades sociales, buscando un desarrollo más equilibrado y solidario.