Política
Revelan conexiones de Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, con organizaciones criminales de Tabasco
El caso de Raúl Rocha Cantú y su presunta red de lavado de dinero, huachicol y tráfico de armas está generando una considerable atención mediática y de las autoridades en México. Según investigaciones recientes, esta organización tiene conexiones directas con actividades criminales que han prosperado en Tabasco, particularmente durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Raúl Rocha, propietario de una parte de la franquicia de Miss Universo, está siendo investigado por su supuesta implicación en el contrabando de combustible desde Guatemala, país donde también se le confiere el título de cónsul honorario. El modus operandi de la organización incluye el uso de empresas fantasma, como "Tabasco Capital, S.A. de C.V.", para emitir facturas apócrifas que facilitan la introducción de combustible robado al mercado legal.
Documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste revelan que "Tabasco Capital" es parte de una red más amplia que involucra a otros actores del crimen organizado, señalando a figuras como Gerardo Ovando Jiménez, alias "Tigre", quien cuenta con un entramado de cómplices en diversas instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que sugiere un nivel considerable de corrupción e impunidad.
Las comunicaciones interceptadas por las autoridades incluyen diálogos en los que se discuten montos a pagar a la Guardia Nacional, lo que pone de relieve la conexión entre la delincuencia y las fuerzas de seguridad. Además, "Micho", uno de los implicados, ha sido identificado en informes de inteligencia como un vínculo crítico entre funcionarios corruptos y los líderes criminales.
Este complejo entramado suscita interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y las medidas de combate al crimen organizado en México, así como sobre el nivel de complicidad existente entre el poder político y el crimen. Las detenciones y las investigaciones emanan de un contexto donde la corrupción, el tráfico de influencias y la criminalidad se entrelazan, dificultando la construcción de un Estado de derecho.