El informe destaca las preocupaciones de la organización Artículo 19 respecto a las declaraciones de Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de México, sobre una supuesta "red de amplificación digital". Esta presentación ha sido interpretada como un intento del gobierno federal de monitorear y calificar la información pública, lo que podría atentar contra la libertad de expresión y generar un ambiente hostil para los periodistas.
Artículo 19 señala que este tipo de acciones fomentan la estigmatización de los medios y los profesionales del periodismo, lo que puede llevar a un incremento de la violencia digital y a la autocensura entre quienes participan en el debate público. La organización también cuestiona la legalidad del papel que la Consejería Jurídica está asumiendo al catalogar la información como verídica o falsa, ya que tal función no está contemplada en su marco legal.
Además, el informe menciona que el monitoreo de redes sociales y la clasificación de medios y periodistas críticos al gobierno son contrarios a estándares internacionales sobre libertad de expresión. Artículo 19 aboga por la transparencia y la protección del debate público, indicando que el Estado no debe emplear recursos institucionales para deslegitimar la información crítica.
Artículos revisados y presentados en conferencias están considerados como elementos que, sin la metodología adecuada, perpetúan la desinformación y contravienen la constitución y tratados de derechos humanos de los que México es parte. En definitiva, Artículo 19 insta a que el combate contra la desinformación se realice a través de medios que fortalezcan el acceso a una información plural y promoviendo un ambiente donde el debate público se lleve a cabo sin temor a represalias.