El incidente en Playa del Carmen resalta las serias amenazas a la libertad de prensa en México, donde los periodistas enfrentan riesgos significativos, especialmente al investigar o reportar sobre corrupción y abuso de poder. La orden de agresión hacia Silvia Peraza y Gabriel Aguilar durante su cobertura de un accidente en Cozumel es un claro ejemplo de cómo las fuerzas del orden pueden actuar de manera arbitraria contra reporteros.
Las disculpas públicas del nuevo gobierno local, aunque son un paso positivo, no pueden revertir el daño causado ni la falta de rendición de cuentas por parte de quien era la alcaldesa en ese momento, Juanita Obdulia Alonso Marrufo. Su falta de presencia en la disculpa y su actual puesto en la Fundación de Parques y Museos de Cozumel suscitan más preguntas sobre la impunidad y la protección de los derechos de los periodistas en la región.
La recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo subraya la necesidad de abordar las violaciones a los derechos humanos y de garantizar un ambiente seguro para los periodistas en una entidad donde ha habido múltiples casos de violencia mortal contra ellos en la última década. El contexto refleja una situación crítica sobre la libertad de expresión y la protección de los medios en México.