La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha decidido aplazar de manera indefinida la presentación de su iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que propuso hace ocho meses en respuesta a las manifestaciones contra la gentrificación y el aumento de rentas. En lugar de esa ley, ha propuesto un conjunto de reformas constitucionales que estipulan que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación reportada por el INEGI.
Durante una conferencia, Brugada mencionó que la viabilidad de estas reformas está condicionada por el calendario legislativo, ya que el próximo periodo del Congreso de la Ciudad de México inicia en septiembre. La propuesta incluye modificaciones al artículo 9 de la Constitución local, detallando derechos relacionados con la vivienda y estableciendo un marco legal para los contratos de arrendamiento.
Además de los límites en el incremento de rentas, se estipula que el gobierno local debe implementar políticas para aumentar la oferta de vivienda social y asequible, así como crear una institución pública que regule las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, promoviendo la orientación, mediación y defensa jurídica para ambas partes. La decisión de priorizar estas reformas constitucionales representa un paso estratégico en el desarrollo de la política de vivienda en la ciudad.