El artículo informa sobre un cambio en la política de deportaciones de Estados Unidos en 2026, en el contexto del segundo mandato del presidente Donald Trump. Se destaca que casi 2,300 mexicanos han sido deportados a Guatemala, y otros han sido enviados a Honduras, con el propósito de presionar al gobierno mexicano. Las deportaciones están organizadas de tal manera que los mexicanos son trasladados a Guatemala en "una escala de tránsito" para ser enviados rápidamente de regreso a México.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que estos traslados son parte de un acuerdo entre Guatemala y México, y que se realizan sin que los deportados soliciten refugio o asilo. Los costos de estas operaciones son cubiertos por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento de Estados Unidos.
El artículo menciona que históricamente México ha recibido a sus ciudadanos deportados, pero desde que Trump asumió el poder ha habido confusión sobre los acuerdos migratorios. Además, organizaciones como Human Rights First y Refugees International han expresado su preocupación por la seguridad de los migrantes, argumentando que las políticas actuales podrían exponer a estos deportados a mayores riesgos.
Se subraya que las deportaciones hacia Guatemala y Honduras son una nueva práctica, ya que anteriormente los mexicanos deportados eran enviados principalmente a su país. Esto refleja un enfoque más amplio del gobierno de EE. UU. en cuanto al control migratorio, buscando que otros países actúen como "puentes" para los migrantes. Los abogados de inmigración consideran estas acciones como una forma indirecta de presionar a los solicitantes de asilo y a inmigrantes indocumentados para que regresen a sus países.