La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido que "nunca más" habrá represión al pueblo, pero esta promesa podría verse como un mero discurso mientras no se cumplan las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2018, la Corte emitió una sentencia que abordó la tortura sexual de once mujeres en 2006 durante operativos policiales en Atenco y Texcoco, y ordenó la creación de un observatorio independiente para supervisar la acción de la Guardia Nacional.
Durante un acto de restitución de tierras en Atenco, Sheinbaum reafirmó su compromiso de proteger a la ciudadanía y aseguró que las fuerzas de seguridad no reprimirán. Sin embargo, el abogado Eduardo Guerrero Lomelí, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, advierte que sin mecanismos de control independientes, no hay garantías de que en el futuro no se repitan casos de abuso como los ocurridos hace 17 años.
La falta de supervisión sobre el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional genera un ambiente propicio para que se repitan eventos de violencia y represión, especialmente en el contexto de protestas, donde han seguido ocurriendo casos de tortura y violencia, especialmente contra mujeres. Guerrero Lomelí señala que el incumplimiento de estas órdenes ha llevado incluso a situaciones más extremas como ejecuciones extrajudiciales, poniendo en evidencia las fallas en la protección de derechos humanos en el país.