El reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) referente al caso Ayotzinapa ha suscitado fuerte crítica, particularmente por parte de Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Según Buitrago, la recomendación de la CNDH no solo busca exonerar al Ejército de su implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, sino que también intenta desviar las investigaciones hacia la conocida "verdad histórica", que sostiene que los militares no están involucrados en el caso.
Buitrago considera esta recomendación una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, argumentando que además de revictimizar a los padres de los normalistas, la CNDH actúa como defensora de un grupo que podría ser responsable de violaciones a los derechos humanos. Resalta la contradicción de que un organismo encargado de proteger los derechos humanos termine defendiendo a potenciales violadores de esos mismos derechos.
Se critica que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, haya emitido esta recomendación sin consultar a los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes confirmaron que no fueron considerados en el proceso. A pesar de que un informe reciente de la CNDH había señalado la participación del Ejército en los hechos de Iguala, la recomendación parece ignorar esta implicación y minimiza la necesidad de una investigación exhaustiva contra las fuerzas armadas.
Buitrago recalca que la CNDH presenta afirmaciones que pueden ser vistas como agresiones hacia las víctimas y que contiene numerosos sesgos políticos e interpretaciones manipuladas que favorecen una narrativa orientada por la ideología de la actual administración. A lo largo de la recomendación, se menciona varias veces al presidente Andrés Manuel López Obrador y se hace eco de sus ideas sobre el caso, lo que refuerza la percepción de que la CNDH se ha alineado políticamente en lugar de centrarse en los derechos de las víctimas.
Este desarrollo en el caso Ayotzinapa ha desatado un debate sobre la actuación y la credibilidad de la CNDH en su papel de salvaguardar los derechos humanos, particularmente en contextos de violaciones graves como el de la desaparición de los normalistas en 2014.