La situación en torno al celular de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde asesinado el 1 de noviembre de 2025, ha suscitado controversia en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. La falta de acceso a su teléfono celular ha sido atribuida a la decisión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, quien ha limitado la entrega del dispositivo a la condición de que la revisión se realice en su presencia.
El hermano de Carlos, Juan Manzo, ha manifestado su preocupación por la negativa de la alcaldesa a permitir el acceso a las llamadas y los mensajes de WhatsApp que podrían ser cruciales para esclarecer el homicidio. De acuerdo con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, el celular fue solicitado en dos ocasiones, en noviembre y diciembre, pero la alcaldesa argumentó que su difunto esposo no quería que el dispositivo fuera manejado por otras personas.
El fiscal aclaró que la entrega del celular dependía de la voluntad de la alcaldesa, sin que existiera una orden judicial que obligara su presentación. Torres Piña destacó la importancia de investigar posibles amenazas o situaciones relacionadas con el asesinato, pero también subrayó el respeto por las pertenencias personales del fallecido.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la investigación, que se ve afectada por la falta de acceso a pruebas potencialmente relevantes, además de las tensiones familiares y políticas implicadas.