El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha expresado su fuerte oposición a la reciente militarización de la Guardia Nacional en México, tras la aprobación de la legislación secundaria que coloca a este cuerpo de seguridad bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta aprobación coincidió con el undécimo aniversario de la masacre de Tlatlaya, donde murieron 12 de 22 personas por acción de militares.
La organización critica que la acción legislativa, apoyada por la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados, otorga más poderes al Ejército sin la implementación de controles civiles adecuados. El Centro Prodh enfatiza que esta medida consolida la "identidad castrense" de la Guardia Nacional, la cual, según su argumento, debería haber permanecido como un cuerpo civil tras su creación en 2019.
Cabe señalar que el caso de Tlatlaya se ha convertido en un símbolo de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos provocados por el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. A pesar de que la estrategia militarizada no ha resultado en una reducción de la violencia en el país, las violaciones a los derechos humanos continúan, como lo demuestra un reciente incidente en Sinaloa donde dos menores perdieron la vida en circunstancias similares a las que se presentaron en Tlatlaya.
El Centro Prodh ha denunciado, durante más de tres décadas, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el personal militar y manifiesta su preocupación de que la tendencia actual sigue favoreciendo la impunidad y el uso arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas armadas.