Los pueblos originarios de la cuenca del Anáhuac han manifestado su descontento con el proceso de consulta pública relacionado con la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) ha calificado este ejercicio como una simulación, argumentando que no ofrece garantías de que las voces indígenas serán realmente escuchadas y atendidas.
A pesar de que el gobierno promete incorporar los resultados de esta consulta en el proyecto legislativo final, el FDDPBOCA critica la falta de un mecanismo que permita alcanzar acuerdos significativos. Solo se contempla una etapa para presentar propuestas y observaciones, sin que se garantice la inclusión de estas en el contenido final de la ley.
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que agrupa a representantes de 69 pueblos, había aprobado previamente la iniciativa de ley. Sin embargo, el FDDPBOCA cuestiona la legitimidad de algunos representantes del consejo y critica los tiempos y lugares establecidos para las consultas, argumentando que no son representativos de los pueblos indígenas, ya que los plazos son demasiado ajustados y las sedes fueron seleccionadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en lugar de ser determinadas por los propios pueblos.
Además, el FDDPBOCA advierte que la propuesta de ley podría conllevar un riesgo de "regresión" en términos de derechos, ya que podría otorgar mayor control al Estado sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. El reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho dependería de su inscripción en un catálogo nacional, lo que plantea la preocupación de que el Estado tendría la potestad de decidir quién es considerado indígena y quién no.
Finalmente, los pueblos originarios expresan su desconfianza hacia los materiales informativos difundidos por el gobierno, considerándolos como manipulativos y que no reflejan la realidad de las propuestas legales. También señalan que la selección de los pueblos que participarán en la consulta no incluye a todos, lo que violaría sus derechos.