La situación del niño Ángel Moreno ha generado una fuerte reacción de organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León, quienes exigen al gobierno estatal que acate la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a su trágica muerte en 2022. Durante una conferencia de prensa virtual, representantes de distintas organizaciones, como Tejiendo Redes y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), señalaron que a casi cuatro años de los hechos, no ha habido avances significativos en las investigaciones, lo cual refleja un patrón de impunidad y protección política que obstaculiza la justicia.
En particular, Pablo Quiroga Adame de Cadhac criticó el "doble discurso" de las autoridades, mencionando declaraciones de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador y actualmente responsable de la dependencia Amar a Nuevo León, quien afirmó que las condiciones de los niños bajo custodia estatal son adecuadas y que son una prioridad para el gobierno. Sin embargo, los activistas consideran que este discurso contrasta con la realidad del caso de Ángel Moreno, que no ha recibido la atención necesaria.
Ángel, quien ingresó al albergue estatal a los cuatro años, fue trasladado a otro centro a los 14 años tras participar en una protesta. Su fallecimiento el 9 de febrero de 2022, que fue atribuido a un choque séptico agudo, ha suscitado interrogantes sobre el cuidado y la seguridad de los menores en custodia del estado, junto a un pedido colectivo de justicia y responsabilidad por parte de las autoridades. Las organizaciones civiles han recogido más de 38 mil firmas en apoyo a su reclamo y continúan demandando la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH.