La reciente iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea cambios significativos para el sistema político en México. Entre las propuestas más relevantes se encuentra la obligación de los partidos políticos, precandidatos y candidatos de reportar diariamente al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre sus finanzas, incluyendo ingresos y egresos, así como operaciones relacionadas con activos virtuales y otras fuentes de financiamiento. Este objetivo busca una mayor transparencia en el financiamiento político y elimina el uso de dinero en efectivo para las campañas, lo cual ha sido un punto crítico en la regulación del dinero en política.
Además, se propone un recorte en los recursos públicos asignados a los partidos, lo que ha generado disenso incluso entre aliados del partido en el poder, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. En el contexto de esta reforma, si se hubiera implementado en 2025, los partidos nacionales habrían recibido significativamente menos recursos públicos.
Uno de los cambios más destacados en términos de representación legislativa es la eliminación de 32 senadores plurinominales, junto con una reestructura de cómo se asignan las 200 diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados. Este nuevo enfoque tiene como objetivo reducir la influencia de las cúpulas de los partidos y premiar a candidatos que no ganaron en sus distritos pero tuvieron un buen desempeño.
El texto de la reforma también busca promover la participación ciudadana a través de consultas, con la posibilidad de implementar el voto por Internet y permitir que servidores públicos de distintos niveles fomenten la participación en estos procesos.
Estos cambios se enmarcan en un contexto de búsqueda de una mayor democratización y regulación del sistema electoral, aunque su aprobación enfrenta resistencia y críticas por parte de algunos sectores políticos.