El pronunciamiento de las organizaciones ciudadanas en Puebla destaca la falta de colaboración y transparencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en relación con la gestión del agua y la regulación de concesiones. A pesar de que en sus "mañaneras" se ha mencionado un compromiso por parte de la Conagua para abordar las irregularidades en el sistema de concesiones, en la práctica se han negado a facilitar información y a trabajar con las contralorías ciudadanas que han presentado listas detalladas de irregularidades desde noviembre de 2024.
Las organizaciones piden una respuesta clara sobre diversas interrogantes, incluyendo la falta de transparencia en la lista de concesiones irregulares y el retraso en el registro de los derechos al agua del pueblo Yaqui, acordado en 2022. Además, solicitan que se incluya a las comunidades y a los expertos en los planes de saneamiento de ríos, ya que consideran crucial la participación de quienes han trabajado en estos temas.
El pronunciamiento también menciona la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley General de Aguas que sea más justa y participativa, en contraposición a la actual Ley de Aguas Nacionales, que critican por facilitar el acaparamiento y la falta de derechos de acceso al agua. A pesar de reconocer ciertas acciones tomadas por el gobierno, las organizaciones insisten en la urgencia de una verdadera transformación en la política hídrica, que incluya la participación activa de la sociedad y un diálogo más abierto con quienes han defendido históricamente el acceso al agua.