El 30 de enero, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) de México fue víctima de un ataque cibernético, según confirmó la propia institución. Aunque la CNSF aseguró que la información robada pertenecía principalmente a cédulas de intermediarios de carácter público, el incidente levantó preocupaciones sobre la seguridad de la información en las instituciones federales.
Ante este hackeo, la CNSF activó sus protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como planes de continuidad del negocio. Sin embargo, esta declaración contrasta con lo que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) había afirmado el mismo día del ataque, cuando negó la existencia de un hackeo que afectara a 25 instituciones federales y sostenía que no hubo una vulneración de la infraestructura de las autoridades, atribuyendo el problema a sistemas obsoletos administrados por privados.
Este incidente pone de relieve la fragilidad de la seguridad cibernética en las entidades gubernamentales y la necesidad de contar con sistemas actualizados y seguros.