El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Esta medida busca combatir el creciente problema de invasiones, que ha registrado un aumento del 8% en denuncias desde 2024. Con la nueva legislación, las penas de prisión por despojo se elevan a un rango de seis a 11 años, además de imponer multas que van de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El dictamen no solo modifica el Código Penal, sino que también actualiza el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado. Se establecen agravantes que incrementan la severidad de las sanciones en casos donde la víctima sea una persona mayor de 60 años, donde exista la participación de un servidor público, o cuando se utilicen documentos falsos, entre otros factores.
Además, se añade un nuevo artículo para sancionar a quienes mantengan ocupaciones ilegales a pesar de un requerimiento de la autoridad. La legislación también contempla la presunción de mala fe en la posesión de inmuebles en situaciones específicas. Sin embargo, se decidió no incluir en el dictamen final la agravante relacionada con despojos en Áreas Naturales Protegidas, que había sido propuesta originalmente por Brugada.