La reciente decisión del Congreso de Morelos de extinguir el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ha generado un intenso debate en torno a las implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. La creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumirá las funciones que anteriormente correspondían al IMIPE, ha sido cuestionada por varios sectores, incluidos diputados de oposición, activistas y periodistas, quienes advierten que esta medida podría significar un retroceso en las garantías de acceso a la información pública.
La reforma, impulsada por el gobierno de la gobernadora Margarita González Saravia, busca reconfigurar la estructura gubernamental para concentrar las funciones relacionadas con la transparencia bajo una nueva dependencia del ejecutivo. A pesar de que en el dictamen se establece que los derechos a la información pública y la protección de datos personales continuarán vigentes, el hecho de que su garantía ahora dependa de una entidad gubernamental ha suscitado inquietudes sobre la imparcialidad y los contrapesos institucionales.
Durante la discusión legislativa, algunos diputados, especialmente de partidos como el PAN y el PRI, manifestaron su oposición a la medida, advirtiendo que la desaparición del IMIPE podría debilitar el acceso a la información y afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La diputada panista Andrea Gordillo destacó que la existencia de un órgano autónomo de transparencia es esencial para el mantenimiento de los derechos ciudadanos, subrayando que no se trata de un gasto innecesario, sino de una garantía fundamental de la democracia.
Esta transformación institucional en Morelos refleja tensiones más amplias sobre cómo se gestionan la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental, y plantea preguntas críticas sobre el futuro de la vigilancia ciudadana en el estado.