El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es un trágico recordatorio de la violencia que enfrenta México, particularmente en regiones afectadas por el crimen organizado. A pesar de contar con protección federal y mantener comunicación con las fuerzas de seguridad, Manzo fue atacado durante un evento público, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno en garantizar la seguridad de sus funcionarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el asesinato y se comprometió a proporcionar apoyo a Michoacán para evitar la impunidad en este caso. Además, convocó a una reunión de seguridad para abordar la situación y promover una respuesta más efectiva ante la violencia, reiterando su enfoque en fortalecer la estrategia de seguridad de su administración.
Este tipo de incidentes resalta los retos persistentes que enfrenta México en la lucha contra el crimen organizado, así como la necesidad de una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad. La situación de los funcionarios públicos, como se ve con el caso de Manzo, también plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas de protección existentes.