Un juzgado federal ha otorgado un amparo para que la Contraloría del estado de San Luis Potosí entregue la investigación interna que ha mantenido en secreto sobre la posible responsabilidad de funcionarios estatales en la tragedia ocurrida en junio del año pasado en el antro Rich. En este incidente, dos jóvenes perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos tras el colapso de un barandal mientras esperaban ingresar al establecimiento, que no contaba con los permisos necesarios.
Este amparo fue solicitado por Juan Ramón Infante, padre de una de las víctimas, Manuel Alejandro Infante. A través del amparo, se exige a la Contraloría, encabezada por Sergio Arturo Aguiñaga, que entregue el expediente de la investigación que señala omisiones por parte de funcionarios del área de Comercio y otros organismos responsables de la supervisión del antro.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado ha iniciado procedimientos penales contra tres personas a cargo del antro, aún no se ha determinado la responsabilidad de funcionarios que, sabiendo que el lugar operaba sin los permisos requeridos, no tomaron acciones adecuadas. Infante ha instado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a garantizar transparencia y permitir que se continúe la investigación para aclarar las responsabilidades que les competen a las autoridades.
El juzgado ha ordenado la entrega de la investigación previamente clasificada como reservada, ante la percepción de impunidad y complicidad dentro del gobierno estatal. Esto busca asegurar que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros incidentes similares.