El contexto de la situación en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) es alarmante, dado que ha habido un asesinato y un intento de homicidio en el marco de una huelga por mejores condiciones laborales. El exrector Ramón Reyes Carreto ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente a su titular, Ernestina Godoy, argumentando que las autoridades locales no han respondido adecuadamente a las demandas de los trabajadores en huelga.
Los huelguistas, que llevan siete días en protesta, reclaman, entre otras cosas, el cumplimiento de un acuerdo firmado en mayo de 2025 sobre la necesidad de equipamiento y funcionamiento del laboratorio de análisis clínicos, así como la apertura de un comedor universitario cerrado desde el huracán Otis. Además, desean claridad en la administración de los recursos y la regularización de empleos interinos, como el caso de Ivonne Hernández, que había trabajado en la universidad y cuyo homicidio ha encendido aún más las tensiones en la institución.
La situación en la UAG refleja no solo un conflicto interno por condiciones laborales y recursos, sino también la gravedad de la violencia en la región, y plantea interrogantes sobre la seguridad de quienes participan en protestas y el papel de las autoridades en la atención de estas demandas.