El caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, expresidente municipal de Cuernavaca y exgobernador de Morelos, ilustra la creciente atención a la violencia política de género en México. La decisión de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres se basa en una denuncia presentada por Juanita Guerra Mena, exdiputada federal. La acusación se centra en su exclusión del palco principal durante un evento conmemorativo, lo que se interpretó como un acto de violencia simbólica y psicológica que buscaba limitar su visibilidad como mujer en un cargo político.
A pesar de la controversia en torno al fallo, especialmente por el voto en contra de la magistrada Laura Sámano Ríos, la sentencia refleja un esfuerzo por crear un entorno político más equitativo y libres de discriminación hacia las mujeres. La resolución resalta la importancia de garantizar que las mujeres, como representantes populares, tengan igualdad de oportunidades y no sean objeto de exclusiones injustificadas debido a su género.
La intención del TEPJF de enviar copias de la resolución a la Mesa Directiva del Congreso de Morelos y a la Oficina de la Gubernatura indica un intento de asegurar que se tomen medidas adecuadas conforme a la ley, enfatizando la responsabilidad de las instituciones en la protección de los derechos políticos de las mujeres. En este contexto más amplio, el caso de Blanco Bravo se vincula con un movimiento social más amplio que busca erradicar la violencia política y promover un acceso igualitario a los espacios de poder.