El 28 de julio, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, la presentación de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias en el marco de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aunque esta iniciativa pretende ser consultada públicamente, se percibe como un intento del gobierno para limitar las críticas que recibe de diversos medios, especialmente en un contexto donde el partido Morena y sus miembros enfrentan severas acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
La propuesta tiene sus raíces en reformas anteriores y en acciones de organizaciones defensoras de audiencias, pero su relevancia actual surge de la tensa relación entre el gobierno y los medios, intensificada durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Desde sus inicios en la lucha política, López Obrador ha sido crítico de los medios tradicionales, a los que tildó de corruptos y parciales, favoreciendo a algunos pocos que lo apoyaron, y reduciendo la publicidad a aquellos que lo cuestionaron. Esta estrategia fue heredada por Sheinbaum, quien argumenta que la iniciativa busca la autorregulación de los medios antes de aplicar sanciones o multas.
Sin embargo, muchos analistas consideran que la verdadera intención es proteger al gobierno de un panorama mediático cada vez más adverso, especialmente con la cercanía de las elecciones que determinarán la composición de la Cámara de Diputados y el futuro político del país hacia 2030. La propuesta, en lugar de centrarse en la protección de las audiencias, podría verse como un mecanismo para silenciar las críticas y garantizar un control sobre la narrativa pública en tiempos de controversia política.