La situación del feminicidio en México, especialmente a partir del caso de Fátima Quintana Gutiérrez, destaca la urgencia de establecer lineamientos claros en la reparación del daño y en las medidas de no repetición para que se respeten los derechos humanos, así como la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
El Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio (OCNF) ha subrayado la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome decisiones que no solo apliquen la ley, sino que también consideren el contexto social y la problemática grave de la violencia contra mujeres y niñas en el Estado de México, donde las cifras son alarmantes. A pesar de tener dos Alertas de Violencia de Género, solo un porcentaje bajo de los asesinatos de mujeres es clasificado como feminicidios, lo que indica una falta de atención y acción efectiva ante esta problemática.
El caso de Fátima es emblemático, no solo por la violencia que sufrió, sino también por las dificultades que su familia ha enfrentado en la búsqueda de justicia. La negativa del Primer Tribunal Colegiado de reconocer a sus padres como víctimas indirectas subraya la necesidad de cambiar los criterios sobre quiénes son considerados afectados por estos crímenes. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de que la SCJN establezca precedentes que reconozcan el vínculo emocional y afectivo como un criterio fundamental para la consideración de víctimas indirectas.
La decisión de la SCJN puede ser un paso significativo hacia un marco legal que no solo castigue a los perpetradores de feminicidios, sino que también ofrezca un soporte real y efectivo a las familias de las víctimas, ayudando así a cimentar una base más sólida en el combate a la violencia de género en México.