La defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ha presentado serias acusaciones contra las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México, alegando que su cliente fue sometido a tortura. Según los abogados de Duarte, se le administró adrenalina para mantenerlo despierto y poder notificarle oficialmente sobre la acusación de desaparición forzada en 2022, un cargo que él había estado evitando escuchar desde el año anterior.
Durante una audiencia reciente en el reclusorio norte, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la conducta de Duarte ha sido inapropiada, lo que justificaría su permanencia en prisión, donde cumple una condena de 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero desde su detención en abril de 2017. En esta audiencia, la FGR reveló que se tuvo que forzar a Duarte a asistir a la audiencia mediante la sujeción a una silla, lo que, según ellos, indica su mala conducta.
Por otro lado, el abogado de Duarte, Pablo Campuzano, denunció que el uso de adrenalina al exgobernador constituye un acto de tortura. Campuzano solicitó a la juez de ejecución, Ángela Zamorano Herrera, que considerara estas acciones al evaluar la solicitud de Duarte para obtener la libertad anticipada. Este caso pone de relieve controversias en torno al tratamiento de los presos y las acciones de las autoridades en el sistema penal mexicano.