La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió por unanimidad desestimar la demanda civil presentada por el gobierno de México contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes consideraba responsables en la contribución a la violencia en el país. Esta decisión se basa en la falta de fundamentos plausibles en el alegato de México respecto a la responsabilidad de estos fabricantes por las ventas ilegales de armas a traficantes mexicanos.
La demanda fue presentada durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y argumentaba que los fabricantes de armamento eran cómplices de la violencia generada por el crimen organizado y los cárteles de la droga en México. A pesar de que el gobierno mexicano buscaba responsabilizar a estos fabricantes basándose en la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), la Corte Suprema determinó que dicha ley no les confería inmunidad ante las alegaciones de complicidad en la violencia.
Alejandro Celorio, exconsejero jurídico de la Cancillería de México y uno de los arquitectos de la demanda, comentó que, a pesar de la decisión de la Corte Suprema, es esencial que los esfuerzos del gobierno de México continúen y que se busque una mayor responsabilidad por parte de los fabricantes de armas en la prevención del tráfico ilegal. Celorio subrayó que la discusión sobre el tráfico de armas cobra más importancia en el contexto de que algunos cárteles han sido designados como grupos terroristas, lo que debería llevar a los fabricantes a tener mayor cuidado en sus ventas.