Veinticinco estados de EE. UU. han demandado al gobierno de Donald Trump por los nuevos aranceles impuestos a 59 países y a la Unión Europea, que los estados consideran un intento de reemplazar aranceles anulados anteriormente por la Corte Suprema. Los aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12.5%, se justifican con el argumento de que esos países no han tomado suficientes medidas para frenar las importaciones producidas con trabajo forzoso.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó la medida, indicando que es un intento ilegal de aumentar impuestos a familias y empresas. La demanda incluye a estados como California, Arizona y Colorado, entre otros.
Trump sostiene que estos aranceles reactivarán la manufactura en EE. UU. y los impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, apelando a la necesidad de abordar un déficit comercial considerado una emergencia nacional. La Corte Suprema había indicado que estas leyes no autorizaban tales aranceles, lo que obligó al gobierno a reembolsar a los importadores afectados por aranceles anteriores. Ahora, la administración está utilizando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales desleales.
Las nuevas demandas se suman a otras ya presentadas por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional, que también critican la falta de justificación adecuada por parte del gobierno para los aranceles. Expertos legales señalan que este es el tercer intento del gobierno por imponer aranceles similares bajo distintos estatutos, lo que podría complicar su defensa legal. En general, la situación refleja una tensión entre el objetivo del gobierno de proteger el comercio estadounidense y la respuesta legal de los estados y empresas afectadas.