El desvío de fondos públicos en Sonora, donde dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) están involucrados, ha afectado las finanzas del estado en aproximadamente 290 millones de pesos. La investigación, que comenzó en septiembre de 2021, señala que entre 2018 y 2021, varios servidores públicos desviaron recursos bajo la pretensión de dar mayores beneficios a ciertos trabajadores, pero en realidad esos fondos fueron canalizados a una empresa privada.
Los exfuncionarios mencionados son José Víctor González Guerrero, quien fue titular de la SEC entre 2018 y 2021, y Francisco Alberto Curiel Montiel. Actualmente, ambos están detenidos, pero la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora ha indicado que hay más órdenes de aprehensión aún por ejecutar, dirigidas a otros exservidores públicos como Cristina Rodeles Valdez, Gabriel Alejandro Barranco Varela, Juan Antonio Fernández Ortiz y Ernesto de Lucas Hopkins, este último con antecedentes significativos en la política sonorense.
El desvío se realizó a través de la manipulación de la partida 1000, destinada a servicios personales, asegurando que los recursos fueran utilizados para fines no autorizados. El fiscal anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, enfatizó que el uso de los recursos debe ajustarse estrictamente a lo aprobado en el presupuesto de egresos del estado.