La reciente reforma aprobada por unanimidad por los diputados en la Ciudad de México se enfoca en la simplificación administrativa y la digitalización de trámites, buscando mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, reducir la burocracia y aumentar la transparencia. La iniciativa, que ahora debe ser ratificada por al menos 17 estados para tener carácter constitucional, establece que las autoridades deben implementar políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la eficiencia en los servicios administrativos.
A pesar del apoyo general a la reforma, la oposición ha manifestado su respaldo a la iniciativa, pero ha solicitado que se asignen más recursos específicos para mejorar las condiciones en las zonas rurales. Este aspecto subraya la preocupación de que, si bien los procesos administrativos se simplifican y digitalizan, las comunidades rurales deben contar con las herramientas y recursos necesarios para beneficiarse de estos cambios y no quedar rezagadas en el acceso a servicios y trámites. La propuesta integra no solo la mejora de la administración pública, sino también el compromiso con la equidad para todos los sectores de la población.