La situación legal de los socios y directivos de Aguakán se debatirá el lunes en una audiencia ante un juez de control en Cancún, donde se enfrentarán a acusaciones de lavado de dinero. Aguakán es la empresa responsable del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, sirviendo a una población de más de un millón y medio de personas. La audiencia es parte de una serie de acciones legales en respuesta a denuncias penales relacionadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita.
La compañía sostiene que el gobierno de Quintana Roo ha estado orquestando un hostigamiento jurídico en su contra, tras recibir órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) y fichas rojas de la Interpol. Este conflicto legal parece estar vinculado a un pago significativo que Aguakán realizó al gobierno estatal, que asciende a mil 55 millones de pesos en 2014 para la extensión de su concesión para operar hasta el año 2053.
Los acusados asistirán a la audiencia amparados contra cualquier posible detención y esperan que se clarifique su situación legal sin que se les imponga prisión preventiva. Este caso pone de manifiesto las tensiones entre el sector empresarial y el gobierno en el contexto de la administración de recursos hídricos en una de las zonas turísticas más importantes de México.