El Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo una revisión interna sobre una táctica controvertida utilizada por la DEA que permitía que el fentanilo llegara a las calles para poder reunir casos más grandes contra narcotraficantes. Esta práctica, conocida como "dejar que las drogas queden impunes", ha sido criticada por poner en riesgo la seguridad pública, especialmente dado el contexto de la epidemia de fentanilo en el país.
Recientemente, una investigación de Associated Press reveló que la DEA había monitorizado importantes entregas de fentanilo en Nuevo México sin incautarlas, lo que ha llevado al inspector general, Don Berthiaume, a examinar las políticas y procedimientos de la agencia. La DEA no hizo comentarios inmediatos sobre la situación, pero su administrador, Terry Cole, ha solicitado una investigación más específica tras las revelaciones.
Agentes de la DEA y otros denunciantes han expresado su preocupación por el impacto que estas decisiones pueden tener en las comunidades. Se ha documentado que la agencia tenía conocimiento de múltiples entregas de fentanilo pero optó por no actuar, con el argumento de que era parte de una estrategia de investigación más amplia.
La situación ha llevado al Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, a considerar acciones legales contra el Departamento de Justicia debido a la falta de cooperación y solicitud de documentos relacionados con la gestión de estas operaciones. Además, otros informantes han surgido, acusando a la DEA de permitir el tráfico de grandes cantidades de fentanilo a lo largo de varios meses.
Este caso subraya la difícil balance entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de la salud pública en medio de una crisis de drogas.