El Estado mexicano podría presentar varios argumentos para intentar impedir que el caso de las desapariciones forzadas llegue a la Asamblea General de la ONU, aunque estos argumentos han enfrentado un fuerte escepticismo tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los posibles argumentos incluyen:
1. **Negación de la responsabilidad estatal**: El gobierno puede insistir en que la mayoría de las desapariciones son atribuibles a la delincuencia organizada y que no hay evidencia suficiente para implicar directamente a funcionarios del Estado. Podrían argumentar que no se dan las condiciones para activar el artículo 34 de la convención, ya que afirman que no hay un patrón sistemático de desapariciones forzadas por parte del Estado.
2. **Cooperación con organismos internacionales**: El Estado podría presentar su colaboración con organismos de derechos humanos, señalando que han tomado medidas para abordar el problema de las desapariciones, así como su disposición para dialogar y cooperar con la comunidad internacional, lo que podría ser interpretado como un compromiso hacia la mejora de la situación de derechos humanos.
3. **Falta de pruebas contundentes**: Podrían argumentar que las pruebas presentadas por el CED son insuficientes o carecen de fundamento científico y que las denuncias son más bien anecdóticas, lo que no justificaría la intervención de la Asamblea General.
4. **Impacto negativo de la intervención**: El gobierno puede señalar que la exposición del tema a la Asamblea General podría tener efectos negativos en la imagen de México a nivel internacional y podría afectar procesos internos de justicia y reconciliación, argumentando que es preferible resolver los problemas internamente.
5. **Errónea interpretación de datos**: Podrían criticar lo que consideran una interpretación errónea de estadísticas y datos sobre desapariciones, sugiriendo que el CED ha malinterpretado la situación de seguridad en el país y que las estadísticas reflejan una realidad diferente.
6. **Cuestionamiento del proceso**: Podrían cuestionar la propia interpretación del CED sobre el artículo 34, argumentando que el Comité ha aplicado este mecanismo sin seguir los procedimientos adecuados o que la activación del artículo fue prematura, dada la falta de un "diagnóstico" lo suficientemente sólido por parte del comité.
Es importante recordar que, a pesar de estos posibles argumentos, la comunidad internacional, así como diversas organizaciones de derechos humanos, han expresado una preocupación creciente por las desapariciones forzadas en México, lo que podría contrarrestar los esfuerzos del gobierno para evitar que la situación se eleve a la Asamblea General. La opinión pública y la presión de organismos internacionales serán factores clave en la evolución de este asunto.