En un reciente desarrollo relacionado con la lucha de México contra el tráfico ilícito de armas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una opinión consultiva a solicitud del gobierno mexicano. Esta opinión subraya que los Estados de la región deben implementar una "debida diligencia" en la regulación y supervisión de la comercialización de armas para prevenir su tráfico ilícito.
Este pronunciamiento se produce casi nueve meses después de que la Suprema Corte de Estados Unidos desestimara una demanda presentada por México contra varias empresas fabricantes de armas. A pesar de que la acción legal no prosperó en el sistema judicial estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México consideró la opinión de la CoIDH como un respaldo a la posición del país en la defensa de los derechos humanos en el contexto del tráfico ilícito de armamento.
La Cancillería mexicana afirmó que este documento respalda la idea de que las empresas desempeñan un papel significativo en el problema de la violencia armada en el país. Se menciona que la opinión de la CoIDH refrenda los argumentos de México en litigios que han buscado responsabilizar a fabricantes y comercios de armas por prácticas que han contribuido a la violencia en el territorio nacional.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han presentado dos demandas contra la industria armamentista. La primera de ellas implicaba a ocho fabricantes de armas, acusándolos de ser corresponsables de la violencia homicida en México al producir armas con el conocimiento de que serían traficadas y utilizadas por grupos criminales. La segunda demanda se enfocó en cinco tiendas que, ubicadas cerca de la frontera, vendieron armas que posteriormente fueron traficadas a México.
La Suprema Corte estadounidense desechó el primer litigio en junio de 2025, argumentando que no se presentó una evidencia suficientemente convincente para demostrar que las empresas habían contribuido a la venta de sus productos a organizaciones criminales en México. A pesar de estas dificultades, la opinión de la CoIDH marca un paso significativo en el ámbito jurídico internacional en el contexto de la seguridad en México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum.