En Colima, un grupo de cerca de cien ciudadanos, incluyendo exlegisladores, académicos, activistas y exfuncionarios, ha emitido un pronunciamiento en el que expresan su alarmante preocupación por lo que consideran una crisis de violencia e impunidad, así como una persecución política en el estado, especialmente en el municipio de Manzanillo. El documento está dirigido a diversas autoridades, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero y la gobernadora Indira Vizcaíno.
En su declaración, los firmantes denunciaron la falta de avances significativos en las investigaciones sobre el asesinato de Arturo Fabián Galván Birrueta, exdirector del Registro Civil de Manzanillo, y su esposa Rosa María, quienes fueron asesinados frente a su hijo en febrero. Critican a la Fiscalía General del Estado por su lentitud y la opacidad en la realización de las indagatorias, mencionando la posible creación de un "chivo expiatorio" en lugar de buscar a los verdaderos responsables.
Asimismo, demandan que el caso sea atraído por instancias federales, dado que han presentado esta solicitud desde marzo sin obtener respuesta, lo que consideran un acto de insensibilidad ante la gravedad de la situación. En el mismo pronunciamiento, condenan lo que describen como una persecución política contra la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, a quien se le han abierto investigaciones por presunto peculado, interpretando estas acciones como represalias por sus críticas al actual gobierno.
El documento también resalta que se ha reducido la protección que Martínez recibía tras ser víctima de atentados durante su administración, dejándola en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto refleja una situación compleja en Colima, donde la violencia y la política están entrelazadas, generando un ambiente de inquietud entre los ciudadanos.