El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés ha puesto nuevamente en evidencia las fallas y omisiones del gobierno de la Ciudad de México en la atención a casos de desaparición y violencia de género. El lamentable suceso ha sido objeto de críticas tanto por la falta de respuesta efectiva de las autoridades como por las irregularidades en la activación de los protocolos de búsqueda.
Edith, de 21 años, desapareció el 15 de abril tras abordar un mototaxi con destino a una supuesta entrevista laboral. Su familia, ante la inacción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas, tomó la iniciativa para localizarla. Esto incluyó la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad y la contratación de un investigador privado, lo que resalta la impotencia que sienten muchas familias al encontrar que las respuestas institucionales son inadecuadas.
A pesar de que la familia reportó su desaparición inmediatamente, la FGJCDMX sugirió que se esperara 72 horas antes de activar acciones de búsqueda, basándose en la suposición de que Edith podría haber estado con amigos o su pareja. Esta postura ha generado indignación, especialmente dado que el C5 proporcionó videos confirmando que la joven había ingresado al edificio donde fue citada, pero no se la vio salir.
La dirigente morenista, Clara Brugada, tras el clamor público por justicia, se pronunció lamentando el feminicidio y solicitando una investigación minuciosa sobre las supuestas irregularidades en la atención del caso. Esto deja en evidencia una vez más la necesidad de reformas en el sistema de justicia y la urgencia de mejorar la respuesta ante casos de violencia contra las mujeres.
La familia de Edith, a través de su persistente esfuerzo, no solo buscó a su ser querido, sino que expuso las debilidades del sistema, lo que pone de manifiesto la responsabilidad del gobierno en la protección y la búsqueda de víctimas de feminicidio y desaparición. Este caso es un llamado a la acción para garantizar que no se repitan las negligencias en la atención de casos de violencia de género en la Ciudad de México.