El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. ha denunciado la presentación de una denuncia penal por parte de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contra habitantes de Arriaga y Pijijiapan. Esta acción busca forzar la liberación del derecho de vía ferroviaria y ha sido catalogada como un acto de criminalización hacia una población civil ya vulnerable.
La denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), señala a ocho personas, de las cuales siete son mujeres y uno es hombre, acusándolas de un presunto delito de invasión de bienes nacionales. Esta situación se enmarca dentro de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El organismo defensor ha manifestado su fuerte condena ante lo que considera un proceso de "criminalización de la pobreza", alertando sobre el uso del derecho penal para abordar conflictos territoriales y sociales como una medida extrema y desproporcionada que va en contra de los principios del Estado de Derecho.
Además, el Centro Digna Ochoa enfatizó que el Estado mexicano, en todos sus niveles, tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, lo cual incluye el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a un debido proceso, así como la consulta previa, libre e informada, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, destacó que los desalojos forzosos realizados sin garantizar procesos adecuados, consulta previa y alternativas de reubicación digna son graves violaciones a los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.